18 mayo, 2008

El Poder Judicial de Israel


La función del Poder Judicial (Reshut HaShofetet), fue definida por la Suprema Corte de Justicia de Israel de la siguiente forma: "En un sistema democrático, basado en la separación de poderes, el derecho de interpretar toda ley; empezando por las Leyes Básicas hasta las ordenanzas; recae en el Poder Judicial...." .
El hecho de garantizar la independencia de las cortes de justicia ante los otros poderes del estado, asegura la separación del poder político y administrativo en el país, condición indispensable para asegurar un régimen democrático.
No significa esto que el parlamento no puede cambiar leyes, sino que desde el momento que estas leyes fueron dictadas, pasan a ser la espada con que solamente los jueces pueden interpretar la justicia. Así, la Knesset disfruta del enorme derecho de dictar las leyes, mientras que solo el Poder Judicial puede basarse en estas para definir que es legal y que no.
La comisión que designa los jueces está conformada por nueve personas: El Presidente de la Suprema Corte de Justicia; dos jueces de esa corte; el Ministro de Justicia que actúa como Secretario General de la Comisión; un ministro designado por el gobierno; dos diputados de la Knesset (se acostumbra a que sean uno de la oposición y otro de la coalición), y por último dos representantes de la Asociación de Abogados de Israel. La conformación de ésta comisión asegura que la designación de los jueces sea profesional, sin presiones políticas, ya que por lo menos cinco de los integrantes de la comisión son profesionales de la ley. Hay que tener en cuenta que en Israel se acostumbra que el Ministro de Justicia sea un abogado, como así también la gran mayoría de los "civiles" que conforman esta comisión. La designación de un nuevo juez es aprobada por el Presidente del Estado.
Para defender la independencia personal del Poder Judicial fue establecido que la cadencia de un juez durará hasta el momento de jubilarse, es decir, hasta los 70 ańos (hasta los 75 ańos para las cortes religiosas). De esta forma se asegura que los cambios personales en la cúpula gubernamental no produzcan cambios personales en la conformación de los jueces del estado. Además, es imposible despedir a un juez, salvo que haya sido acusado por una corte de disciplina interna formada solamente por jueces, o por decisión de la Comisión que designa los jueces. En este último caso, el Ministro de Justicia o el Presidente de la Suprema Corte de Justicia son los únicos que pueden proponer un despido y en el plenario de la comisión debe existir una mayoría de por lo menos siete integrantes.
Nadie, salvo el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, puede ordenar que un juez pase a trabajar de una ciudad o otra. De esta forma, se suprime la posible intervención de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en la designación de los jueces que juzgaran los distintos casos.
Por último, otra forma de asegurar la independencia personal del Poder Judicial, es asegurando que los sueldos de los jueces sean altos para así limitar los sobornos y para atraer a los mejores abogados a la elite judicial. La comisión de finanzas de la Knesset establece los sueldos de los jueces, y no puede decidir reducir estos sueldos si esta reducción toca únicamente al Poder Judicial.
Según podemos ver en el primer artículo de la Ley Básica "Justicia" de 1984, existen en Israel dos sistemas judiciales. Por un lado están las Cortes de Justicia particulares que han sido formadas por una ley especial (Art 1-(4)), y por otro lado, esta la rama central que establece la ley en sus distintas instancias.
Las cortes de justicia particulares tratan temas puntuales determinados por una ley especial. Por ejemplo, el Tribunal Militar juzga a soldados y a personas ligadas con el ejercito israelí y que han cometido faltas. El Tribunal Militar actúa por la fuerza que le otorga la ley de Justicia Militar del ańo 1955. Otra corte particular es la Corte Laboral, que trata conflictos en este campo. Quizás la Corte de Justicia particular más renombrada sea la Corte Rabínica.
Todo este sistema de cortes particulares sirve por un lado para agilizar el proceso judicial profesionalizando temas específicos con jueces específicos en la materia; y además, sirve para responder a conflictos ideológicos todavía no resueltos como en el caso de las cortes rabínicas. El sistema judicial "particular" está sujeto al control de la Suprema Corte de Justicia, instancia que puede anular toda decisión de las cortes particulares.
La gran masa de la actividad judicial en Israel se lleva a cabo dentro de la "rama central" de las cortes de justicia.
El sistema judicial en Israel consta de tres instancias judiciales. La primera instancia es la "Corte de Paz" (Beit Mishpat HaShalom). Esta corte trata juicios criminales cuyo castigo no asciende a los siete ańos de prisión y con disputas civiles en donde el monto monetario en conflicto no asciende a una suma determinada . Existen Cortes de Paz en 28 ciudades de Israel, es decir en casi todas las ciudades.
Los casos tratados aquí son únicamente aquellos comprendidos en el territorio de jurisdicción de esta corte. Un solo juez juzga los pleitos en ésta corte, pero en casos de importancia pública o casos complicados, se forma una comisión de tres jueces.
La segunda instancia es la Corte de Justicia Regional (Beit Mishpat HaMejozi). Esta corte trata apelaciones de la instancia anterior o bien casos que no pueden ser tratados por la Corte de Paz.
La Corte Regional trata sobre temas civiles que no pueden ser tratados por la Corte de Paz como bancarrotas de empresa, o asuntos relacionados con la manutención de hijos. En lo criminal, trata asuntos que superan el poder de la Corte de Paz, en especial todo caso cuyo castigo ascienda a los siete ańos de prisión.
En la mayoría de los juicios de ésta corte juzga un solo juez, pero en casos en que se trata una apelación de la Corte de Paz o en casos cuyo castigo asciende a más de diez ańos de prisión, juzgan tres jueces.
Cada corte impone justicia sobre una zona determinada. En Israel existen cinco cortes regionales, la de Jerusalén, Tel-Aviv, Haifa, Beer-Sheva y Nazaret.
Si una sentencia de la Corte Regional contradice lo establecido en la Corte de Paz se impone la Corte Regional ya que es una instancia superior. En caso de que un ciudadano desee apelar una tercer instancia, esta la Suprema Corte de Justicia, la instancia superior en el sistema judicial de Israel, y cuyas decisiones son finales y se imponen a las otras instancias.
La Corte Suprema de Justicia (Beit Mishpat HaElion) se encuentra en Jerusalén y lo conforman un número de jueces establecidos por la Knesset (en 2002 había 14 jueces). Para ser nombrado juez de la Suprema Corte de Justicia es indispensable haber actuado por lo menos durante cinco ańos en la Corte de Justicia Regional, haber dado cátedra de leyes en alguna universidad, o bien haber actuado como consejero legal del gobierno.
En general, el comité judicial lo componen tres jueces, pero puede decidirse ampliar él número de jueces. El número de jueces es siempre impar, en todas las cámaras y esto para permitir una decisión por mayoría.
La Suprema Corte de Justicia trata dos tipos de temas: Las apelaciones de la Corte Regional y por otro lado, actúa como Corte de Justicia contra los excesos del Poder Ejecutivo.
Una de las secciones más importantes en la Suprema Corte de Justicia es el Alto Tribunal para la Justicia o "Bagatz" (Beit HaMishpat HaGaboa LeTzedek) . Bagatz es una corte heredada del sistema judicial británico y que ocupa un lugar preponderante en la sociedad israelí.
Según establece la Ley Básica Justicia de 1984 en su articulo 15-c-, la función de Bagatz es "discutir temas que existe la necesidad de ayudar en pos de la justicia, y que ningún otra corte tiene jurisdicción sobre ellos".
La función de Bagatz es "ayudar" al ciudadano común de las transgresiones que pueden ocasionar los brazos administrativos del Estado, o bien de aquellas instituciones que reciben un apoyo formal de las instituciones administrativas del Estado como las universidades. Si un ciudadano siente que ha sido tratado injustamente por un organismo estatal o semi estatal puede exigir una intervención judicial inmediata, incluso una sentencia en menos de 48 horas.



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